En general, los derechos civiles pueden considerarse derechos constitucionales, es decir, derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Se trataría de cosas como el derecho a la igualdad de protección ante la ley y el derecho a la libertad de expresión.

La ley más utilizada para hacer cumplir los derechos civiles es 42 U.S.C. § 1983. Esta ley es bastante sencilla: si un empleado del gobierno estatal o local utiliza su posición gubernamental para violar los derechos constitucionales de un ciudadano, éste puede presentar una demanda. El ciudadano puede recuperar daños y perjuicios (dinero) y, en algunos casos, los honorarios de su abogado, fomentando así la aplicación privada de esta ley. 

También hay otras leyes que protegen los derechos civiles, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Las reclamaciones de derechos civiles tienen muchas formas y tamaños.
A menudo se combinan o unen distintas leyes para interponer múltiples demandas.

Si. Aunque alguien esté en la cárcel o en prisión, sigue teniendo derechos civiles. Esos derechos están limitados, pero no han desaparecido del todo.

El problema de derechos civiles más común al que se enfrentan los presos tiene que ver con la atención médica. Los funcionarios de prisiones tienen la responsabilidad de facilitar la atención médica necesaria a las personas bajo su custodia. Según la norma legal, la «indiferencia deliberada» hacia las necesidades sanitarias de un preso puede considerarse una violación de los derechos civiles.

En el contexto jurídico, accesibilidad significa generalmente hacer las cosas accesibles a las personas con discapacidad. Hay muchas leyes diferentes que regulan la accesibilidad. 

A nivel federal, la ley más importante es la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La ADA prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en el empleo, en los servicios ofrecidos por entidades públicas (por ejemplo, gobiernos estatales y locales) y en los servicios ofrecidos por empresas que atienden al público (por ejemplo, tiendas y restaurantes). Otra ley federal importante es la Ley de Rehabilitación, que prohíbe en general la discriminación por motivos de discapacidad por parte de organismos federales, contratistas federales y entidades que acepten fondos federales (por ejemplo, distritos escolares locales).

Los Estados también suelen tener leyes de accesibilidad. Por ejemplo, Texas tiene Código de Recursos Humanos, capítulo 121. Dicha ley se lee conjuntamente con Código Gubernamental, Capítulo 469, y las Normas de Accesibilidad de Texas. El El capítulo 21 del Código Laboral de Texas también prohíbe la discriminación laboral basada en la discapacidad de una persona.

Estas leyes abarcan colectivamente aspectos como el empleo, la vivienda, los intérpretes, la arquitectura e incluso los sitios web.

El término «discapacidad» puede definirse de diversas maneras. Pero en el contexto de la discriminación por discapacidad, la definición más ampliamente aceptada procede de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que se encuentra en 42 U.S.C. 12102.

Con arreglo a dicha definición, se entiende por discapacidad una deficiencia física o mental que «limite sustancialmente» una o varias «actividades importantes de la vida» de una persona, un historial de tal deficiencia o el hecho de que se considere que una persona tiene tal deficiencia. 

La expresión «actividades importantes de la vida diaria» incluye muchas actividades, como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, andar, estar de pie, levantar objetos, agacharse, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar. También incluye el funcionamiento de las principales funciones corporales, como el sistema inmunitario o respiratorio.

Sí, pero las normas tienen matices.
En general, un negocio privado no tiene por qué respetar los derechos civiles de nadie.
Por ejemplo, si hablas en voz alta en un restaurante, pueden pedirte que te marches.
No es una cuestión de libertad de expresión porque el restaurante no es «el gobierno» que intenta limitar la expresión; el restaurante es una empresa privada.
Del mismo modo, un empresario privado puede normalmente exigir un control de drogas como condición para el empleo o registrar tu mesa de trabajo sin infringir ninguna ley, mientras que «el gobierno» podría necesitar una orden de registro para ese tipo de actividades.

Dicho esto, algunos derechos civiles pueden ser violados por empresas privadas.
Por ejemplo, las empresas privadas prohíben la discriminación racial.
Lo mismo ocurre con la discriminación por discapacidad.
Se trata de un área matizada de la ley, que también puede verse afectada por el hecho de que una empresa privada reciba financiación federal (por ejemplo, un hospital que acepte Medicare/Medicaid).