Reclamaciones de derechos civiles
Proteger los derechos de los ciudadanos
A efectos de este resumen, los derechos civiles pueden considerarse generalmente como derechos constitucionales, es decir, derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Se trataría de cosas como el derecho a no ser registrado e incautado de forma irrazonable; el derecho a la protección igualitaria ante la ley; y el derecho a la libertad de expresión.
En el ámbito penal, estos derechos son exigibles a través del proceso penal ordinario. Por ejemplo, si un agente de policía lleva a cabo un registro inconstitucional de alguien y encuentra pruebas incriminatorias, esas pruebas pueden ser suprimidas en el juicio porque el agente de policía actuó inconstitucionalmente.
Con el tiempo, el Congreso reconoció que los ciudadanos también necesitaban una vía privada (civil) para hacer valer sus derechos constitucionales. Después de todo, no todos los casos llegan a un juicio penal. El Congreso actuó aprobando la legislación.
La ley más utilizada para hacer valer los derechos civiles es el 42 U.S.C. § 1983. Esta ley es bastante sencilla: si un empleado del gobierno estatal o local utiliza su posición gubernamental para violar los derechos constitucionales de un ciudadano, éste puede presentar una demanda. El ciudadano puede recuperar los daños y perjuicios (dinero) y, en algunos casos, los honorarios de su abogado, fomentando así la aplicación privada de esta ley.
Las reclamaciones de derechos civiles tienen muchas formas y tamaños, incluidas las relacionadas con la mala conducta de los agentes de policía (fuerza excesiva), la discriminación por razón de sexo o raza en el empleo público (igualdad de protección) y la restricción de la expresión (libertad de expresión). A veces, estas reclamaciones constitucionales pueden incluso unirse a otras reclamaciones de derechos civiles que están protegidas por otras leyes (por ejemplo, las leyes que prohíben la discriminación en el empleo).
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